CONTIGO MAS Y LA ESPAÑA RURAL

La España rural ha cambiado mucho en los últimos cuarenta años. Gran parte de ese cambio hay que imputárselo al régimen democrático y constitucional del que disfrutamos los españoles. Nuestros campos, nuestros pueblos han experimentado una gran transformación, que también ha repercutido en las gentes que lo habitan y trabajan. Quizás son las mujeres rurales en quienes se perciba con mayor evidencia esa transformación. Han logrado acceder a mayores cotas de igualdad, derecho y de bienestar y progreso.

Sin embargo, sobre el campo español, que supone el 84,3% del territorio nacional y en el que habita el 16,7% de la población, se ciernen hoy riesgos y amenazas: el despoblamiento y la falta de relevo generacional, la meteorología y la escasez de agua, el desempleo y la falta de viabilidad de las explotaciones y cultivos agrarios… En el campo no hay mujeres, y sin mujeres no hay familias. ¿Cuándo se darán cuenta nuestros gobernantes de que o apoyan a la familia o nos hundimos? Y apoyar a la familia es apoyar la natalidad.

El envejecimiento poblacional de las zonas rurales es un desafío que requiere abordarse con sentido de Estado, con políticas integrales consensuadas por los políticos y servidores públicos. El problema puede agravarse. Hay previsiones según las cuales de un total de 4.925 municipios, 1.840 desaparecerán de forma irreversible los próximos años con perspectivas especialmente fatales en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Teruel o La Rioja por causas como el descenso de la emigración y la natalidad en la zona y una mayor mortalidad por envejecimiento. Un envejecimiento que está ya generando consecuencias desfavorables para el futuro el país. No solo por los problemas de la viabilidad del sistema de pensiones, también por la ausencia de relevo generacional.

La cuestión agraria no es solo la cuestión de la agricultura, como oficio o técnica de producir alimentos de modo empresarial y rentable, o sea, como actividad económica. La cuestión agraria está unida al desarrollo rural y por eso se extiende  también a otros aspectos, como hacer del campo un hábitat adecuado para vivir, por lo que importa aprovechar adecuadamente el espacio rural, conservarlo y aún regenerarlo, un hábitat sostenible. O establecer un justo régimen de propiedad rural, haciendo de la agricultura un modo de vida digno para quienes habitual y profesionalmente viven en el campo, o sea, agricultores empresarios. O hacer viable la creación y organización de empresas y explotaciones agrarias mediante criterios de eficiencia y profesionalidad. Es decir, llevar la digitalización y la innovación a las tareas agropecuarias.

El desarrollo rural ha de hacerse de manera inteligente, con inversiones eficaces y rentables en educación, en investigación y en innovación. Ha de hacerse también de manera sostenible, utilizando eficientemente los recursos naturales, respetando el medioambiente y el clima y con un escaso nivel de emisiones que dañen la naturaleza. Y por último, ha de ser un desarrollo integrador, es decir, fomentando la creación de empresas viables económicamente, productivas, competitivas, creando empleo y generando riqueza y al mismo tiempo reduciendo los niveles de pobreza o miseria que pueda haber entre las gentes del campo. Y a todo ello hay que añadir el factor humano. El indispensable y necesario factor de la gente del campo. El talento, la creatividad, el conocimiento, el trabajo de las gentes del campo.

En los últimos años, la Política Agraria Común, la conocida como PAC, ha mantenido un sabio y bienhechor equilibrio entre la pequeña y mediana explotación y las grandes explotaciones agrarias, de forma que la cuestión agraria ya no es una pugna entre las explotaciones familiares y las grandes explotaciones de poderosos grupos empresariales. Ahora lo que está en juego son dos modelos de concebir la alimentación en el siglo XXI: el modelo agroindustrial y el modelo agroecológico, cada uno con sus principios y valores. Pero ambos con el fin último de favorecer el desarrollo rural. En todo caso, por lo que respecta a España, es necesario fomentar la consolidación de nuestro sector agroalimentario, cada día con mayor importancia económica, y, al mismo tiempo, potenciar la seguridad alimentaria.

El sector agrario es un sector estratégico que no puede regirse exclusivamente por consideraciones de mercado. Es un sector productivo como cualquier otro, sí, pero en él concurren condicionantes que no se dan en ningún otro sector productivo: riesgos meteorológicos como sequías, inundaciones, granizo, heladas, vientos… y riesgos biológicos como plagas, pestes o enfermedades en los animales. Por ello, la agricultura requiere de una protección especial. Y no sólo porque es una actividad que proporciona buena parte de la alimentación que necesitamos, generando una notable industria agroalimentaria, sino también porque haciendo viable y rentable a la agricultura, los hombres y mujeres del campo permanecerán en sus tierras, en sus explotaciones, en sus granjas y así se evitará el abandono de pueblos, el despoblamiento del mundo rural y la desertización de grandes zonas del territorio. Manera ésta con la que también se combate contra el cambio climático. 

¿Y qué debe hacerse para lograr el desarrollo rural que España necesita? Primero, fortalecer la implantación de servicios públicos en el ámbito rural: las infraestructuras de transportes y comunicaciones, el acceso al agua, la vivienda, la sanidad o la enseñanza.

Segundo, desarrollar gradual y armónicamente todo el sistema económico. Esto supone que la tecnología y la innovación (la I+D+i) lleguen también al campo, a la producción, a la variedad en los cultivos, a la organización y estructura de las empresas agropecuarias y de las cooperativas y demás organizaciones del mundo rural, y por supuesto, que se imparta una verdadera formación profesional entre los jóvenes que aspiran a ser agricultores y ganaderos.

Y por último, desarrollar una adecuada política agraria. Y aquí debe resultar necesario el establecimiento de una imposición fiscal que tenga en cuenta los riesgos de la actividad en el campo, una política crediticia con un interés asequible para el productor, unos seguros sociales justos y equitativos, y una política de precios que guarde la debida proporción con los salarios.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *